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La justicia avala la integración de las casas de San Miguel en el PGOU de Bermeo

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso interpuesto en 2017 por un vecino de Bermeo contra el acuerdo adoptado en su momento por el Ayuntamiento para la integración del Área 26.1, ubicada en el barrio San Miguel, dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

El demandante denunció por vía contencioso-administrativa que el Ejecutivo costero había incurrido en varias ilegalidades en el momento de proceder a la aprobación definitiva del documento de ordenación de la parcela, sobre la que asienta la polémica promoción de 16 viviendas -10 libres y 6 tasadas- del denominado 'caso San Miguel'.

Entre los argumentos expuestos por el recurrente para solicitar la nulidad del proceso se encontraba lo que calificó como existencia de un caso de «urbanismo a la carta», además de sostener que se incurría en un «exceso de edificabilidad» y en un «incumplimiento de las dotaciones locales exigidas» -espacios libres, zonas verdes y aparcamiento público- a la hora de construir la promoción de los pisos sobre ese área clasificada como urbanizable.

Caso cerrado

El tribunal, sin embargo, no aprecia incumplimiento de ninguno de los motivos impugnatorios contra el proceso de integración de la parcela en el PGOU, que fue aprobado por el Consistorio costero en la sesión plenaria celebrada en diciembre de 2016, tras superar los procedimientos administrativos pertinentes.

El 'caso San Miguel' de Bermeo no obstante, se remonta a años atrás, cuando el mismo particular presentó una denuncia al sentirse perjudicado por la decisión del Ejecutivo local de reclasificar como urbano el solar de la constructora Eder Etxegintza, mientras que un terreno colindante de su propiedad se mantenía como urbanizable.

El Consistorio se vio poco después obligado a cumplir la orden del Tribunal Supremo de redefinir como tal -urbanizable- la parcela en discordia, en el actual PGOU. En su denuncia, este mismo vecino alegó también un supuesto «favorecimiento subjetivo» por parte del exprimer edil, Juan Carlos Goienetxea, hacia el responsable de la constructora, pero ni la Fiscalía ni el Juzgado de lo Penal vieron indicios de que hubiera delito.

EL CORREO

08 / 04 / 2019

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